Las denuncias de los vecinos de Taco Pozo son constantes: detenciones arbitrarias, amenazas y actos de brutalidad policial. Entre las víctimas, hay mujeres, menores de edad y hasta un bebé de 3 meses. Ante esta alarmante situación, el intendente, Carlos Ibáñez, decidió intervenir y acudió al Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco, buscando detener los abusos policiales en su comunidad. En su presentación ante el Comité, Ibáñez informó que el jefe de la comisaría de la localidad, Daniel Melchiori, mantiene actitudes “prepotentes y hostiles”, que lleva adelante “procedimientos irregulares”, como así también “detenciones arbitrarias, omisión de actuar de acuerdo a su deber legal, haciendo uso abusivo de la fuerza” contra los vecinos. Manifestó que esto genera temor en la comunidad a moverse libremente ya que existe una posibilidad concreta de ser “cazados” por parte del comisario y sus efectivos policiales. Comentó también que, ante este estado de indefensión, los vecinos comenzaron a pedir respuestas al Juzgado de Paz de la localidad debido a que la Comisaría dejó de ser un lugar seguro para los habitantes, debido a que los efectivos policiales -con la venia y conocimiento del Comisario- “agreden a las personas que asisten en busca de ayuda, los amenazan y reciben a los gritos”. Según el jefe comunal, el comisario hace lo que se le antoja debido a que está “protegidos por el poder político”. Ibáñez reconoció que tiene “temor a que la violencia policial siga creciendo hasta llegar a niveles intolerables”, dejando expresa constancia de que él “no consiente este accionar policial” y por lo cual solicitó al Comité la “intervención inmediata y certera a los fines de poder ponerle fin a tales actos perturbatorios de la libertad ambulatoria y la integridad psico física de los habitantes de la localidad”. Los abusos policiales que mencionó el intendente están siendo investigados por la Justicia. Adriana de Langhe, abogada de varios denunciantes, informó al Comité que actualmente existen una serie de denuncias contra efectivos policiales de la localidad, principalmente contra el comisario Melchiori. Entre los casos denunciados está el de un adolescente de 16 años, a quienes los uniformados de la localidad lo detuvieron sin motivo, lo violentaron físicamente y lo amenazaron: “Te vamos a cagar matando”. Y el de una mujer que denunció al comisario Melchiori. Dijo que, durante un procedimiento totalmente irregular, el uniformado intentó detenerla agarrándola por detrás y “tocándole los pechos mientras le decía: ¡Ah! ¿Vos sos la putera? Vas a ir presa también” y “Te voy a meter presa y te voy a cargar como un perro en el patrullero”. Algunas de las detenciones denunciadas ante la Justicia ni siquiera fueron informadas por los uniformados al Juzgado de Paz de la localidad ni a la fiscalía en turno, como lo exige la ley. Este es el caso de P.V., un hombre que estuvo detenido un viernes por la tarde hasta un martes al mediodía, sin que la Justicia ni su familia tomaran conocimiento de su paradero. Muchos testimonios se repiten en cuanto al modus operandi de los integrantes de la Comisaría: golpes, malos tratos, torturas y violencia verbal. “Los voy a meter presos y si salen los voy a matar” y “¡¿Qué te hacés el loco?! ¡Te vamos a meter preso! ¡Te voy a matar a trompadas, hijo de puta!”, son las frases que le escucharon decir en distintas ocasiones al comisario Melchiori. A esto se le suman: hostigamiento policial constante, detenciones arbitrarias, privaciones de libertad sin motivo, uso de armas anti tumulto con postas de goma en los espacios públicos de la localidad contra los ciudadanos sin motivo para su uso y utilización de gas pimienta. Incluso, una de las denuncias, refiere a que un bebé de 3 meses resultó afectado por el gas que arrojaron efectivos policiales de dicha comisaría. “Garantizar la libertad ambulatoria” Ante esta situación, el Comité interpuso un hábeas corpus colectivo, preventivo, correctivo y reparador ante el Juzgado Correccional 2 de Sáenz Peña en favor de la comunidad de Taco Pozo a fin de que se ordene el cese de la brutalidad policial ejercida por el comisario Melchiori y el personal a su cargo. Se solicitó específicamente que “se garantice la libertad ambulatoria, la libertad de circulación y todos los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos amparados por el presente remedio constitucional”. El 21 de noviembre pasado, el juez, Carlos Augusto de Césare, hizo lugar a la presentación del Comité y ordenó al Comisario y a los efectivos policiales de la comisaría de Taco Pozo que toda detención dispuesta por ellos, en el marco del Código Contravencional y Código Penal, sea comunicada inmediatamente al juez o fiscal de investigaciones competente. Además, exigió que se le garantice al detenido el derecho a comunicar a una tercera persona que está bajo custodia del Estado; a ser informado de los motivos y razones de su detención; a designar un abogado particular y/o comunicarse con el Ministerio Público de la Defensa a los fines se le designe defensor oficial y a comunicarse con la Guardia de Intervención Temprana del Comité para la Prevención de la Tortura.