El pasado 30 de octubre, el intendente de Taco Pozo, Carlos Antonio Ibañez, concurrió hasta Resistencia para exponer ante el Comité de Prevención contra la Tortura el desmedido accionar en los procedimientos de detención contra personas de esa ciudad, responsabilizando al comisario de la localidad. Por lo que supo, como resultado de esa denuncia pública por parte del intendente Ibáñez, el Comité contra la Tortura presentó un hábeas corpus en el Juzgado Correccional, a cargo de Carlos De Cesare. Según indicaba en la presentación del escrito por parte del mandatario comunal, "el comisario a cargo de la unidad policial Daniel Melchiori, al igual que sus subalternos, en varios procedimientos incurrieron en el desmedido uso de la fuerza, como así también en privaciones de la libertad de algunos vecinos, sin causas justas", acusó el intendente. En el escrito que fue presentado en el máximo órgano de prevención contra la tortura, se manifestaron ciertas conductas por parte de funcionarios policiales, entre ellas, "actitudes prepotentes y hostiles, que lleva adelante procedimientos irregulares, como así también detenciones arbitrarias, omisión de actuar de acuerdo con su deber legal, haciendo uso abusivo de la fuerza contra los ciudadanos de Taco Pozo". "Generando eso, en la comunidad, un verdadero temor a moverse libremente por la ciudad, ya que existe una posibilidad concreta de ser "cazados" por parte del comisario y sus efectivos policiales", se refirió el intendente Ibáñez. Por todas estas razones, los vecinos dejaron de acudir a la comisaría para denunciar algo, "debido a que los efectivos policiales, con la venia y conocimiento del comisario, agreden a las personas que asisten en busca de ayuda, los amenazan y reciben a los gritos". Además, refieren "estar protegidos por el poder político y por tal motivo se niegan a cesar en su accionar abusivo", sostuvo Ibáñez. De los hechos que se denunciaron y que fueron ofrecidos como pruebas hay más de diez personas que sufrieron apremios, entre ellas, un menor de 16 años y una mujer que fue reducida por el propio jefe policial. La Cámara Primera en lo Criminal de Sáenz Peña dio curso al hábeas corpus, ordenando a las autoridades policiales y al gobierno que se arbitren las medidas para cesar con los hostigamientos.