SÁENZ PEÑA (Agencia) El ahora excomisario de Taco Pozo recibió una dura sentencia, en la que el máximo tribunal no solo ratificó el Habeas Corpus colectivo a favor de la fundación médica "Todo por Todos", sino que además le ordenó hacerse cargo personalmente de los honorarios de las abogadas querellantes, Fiorella y Adriana De Langhe. Todo un golpe para quien hasta hace poco detentaba el poder policial en el norte chaqueño.

Un acto de poder desmedido

La historia arranca unas semanas atrás, cuando el grupo de médicos cordobeses de la fundación arribó a Taco Pozo en una misión solidaria. Lo que prometía ser una jornada de ayuda terminó en escándalo: por orden de Melchiori, una médica fue privada de su libertad en medio de amedrentamientos y violencia. Videos grabados por los propios médicos dejaron en evidencia el accionar arbitrario del comisario, desatando una ola de indignación y un inmediato recurso judicial.

La Justicia toma cartas en el asunto

El caso no tardó en llegar a la Cámara Primera en lo Criminal de Sáenz Peña, donde el juez Rodolfo Lineras dirigió más de setenta audiencias con víctimas y testigos. La sentencia fue contundente: separación inmediata de Melchiori no solo de Taco Pozo, sino de todo el norte provincial, más perimetral de 500 metros para proteger a las abogadas y vecinos que habían recibido amenazas.

El STJ no dejó dudas

El Superior Tribunal fue aún más allá. En su resolución, dejó claro que Melchiori fue responsable de "amenazar la libertad y la integridad física" de los médicos y de haberles impedido ejercer sus derechos constitucionales. Recordaron que nadie puede ser privado de su libertad ni impedido de circular sin una orden judicial, remarcando la gravedad de lo sucedido en Taco Pozo.

El fallo hace eco en los principales lineamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: ningún abuso de autoridad puede terminar en una causa penal válida. Para el máximo tribunal chaqueño, queda demostrado que los médicos y vecinos soportaron amenazas, acoso y peligro real.

Un mensaje alto y claro

La sentencia deja una advertencia para el futuro: ningún uniformado está por encima de la ley. Y, como frutilla del postre, el mismo Melchiori deberá pagar de su bolsillo los honorarios de las abogadas de la fundación, para que la provincia no tenga que gastar "un solo peso" por sus malas decisiones.

Este fallo del STJ marca un antes y un después en la defensa de los derechos ciudadanos y en el límite al uso arbitrario de la fuerza en el Chaco. Para los lectores, un claro recordatorio: los celulares son aliados de la verdad y la Justicia respalda a quienes se animan a denunciar el abuso de poder.