Un menor de trece años fue detectado en la ciudad de Córdoba con vínculos a la comunidad TCC (True Crime Community), en el marco de una investigación judicial por las amenazas de tiroteos en escuelas que se registraron en la provincia. Tras un allanamiento, descubrieron que tenía varias armas e información sobre cómo fabricar bombas en su poder.

El caso fue descubierto tras el análisis de chats extraídos de un teléfono en Río Cuarto, donde el adolescente manifestaba tener intenciones violentas en contra de sus compañeros de colegio y recibía mensajes de apoyo de otros usuarios pertenecientes al mismo grupo.

A partir de este hallazgo, la fiscal Penal Juvenil Norma Scaglia ordenó un allanamiento de urgencia en una vivienda de Córdoba capital, luego de detectarse la gravedad de las conversaciones. Durante el procedimiento, se halló en la mochila del menor un cuaderno con anotaciones sobre la fabricación de bombas y explosivos, así como cuchillos de caza y una navaja.

Durante un diálogo Telenoche, Scaglia indicó que el joven investigado presentaba "manifestaciones constantes en escrito y en el chat del grupo de solucionar cualquier forma de conflicto con compañeros del colegio, amigos o conocidos solo con el uso de armas".

La fiscal a cargo del caso reconoció que, en los espacios virtuales donde participaba el menor, "se promovía la violencia" y los miembros del grupo le brindaban apoyo, alentándolo a convertirse en "un héroe" mediante el uso de armas.

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, entre los elementos secuestrados se identificaron logos compatibles con la comunidad TCC, a la vez que la existencia de un grupo en línea asociado a la apología de crímenes y matanzas.

Respecto a la situación del adolescente señalado, las autoridades dispusieron que fuera derivado a un centro de salud mental especializado, donde permanece internado bajo seguimiento profesional. La intervención se produjo como parte de las medidas de prevención y contención ante la amenaza de posibles hechos violentos en establecimientos educativos de la provincia.

Por su parte, los padres del menor declararon estar consternados y aseguraron que desconocían la situación. Hasta el momento, la causa permanece en investigación y la Justicia mantiene en reserva los detalles sobre otros posibles involucrados o amenazas en curso.

Un total de 12 menores fueron identificados por la Policía de Misiones como presuntos autores de intimidación pública y amenazas en establecimientos educativos de la provincia. A través de tareas de ciberpatrullaje, análisis digital y despliegues preventivos, los adolescentes quedaron a disposición de la Justicia y del sistema estatal de protección de niñas, niños y adolescentes.

La Justicia provincial, junto con la Dirección de Seguridad de Misiones y la Jefatura Policial, implementó un abordaje integral frente a hechos de intimidación en escuelas. De esta manera, se articularon acciones entre dependencias policiales, áreas de cibercrimen y el sistema judicial, priorizando la detección temprana y la prevención.

Uno de los casos ocurrió en Guaraní, donde un alumno de 15 años fue identificado como presunto autor de un audio con amenazas dirigido a un directivo escolar. Según el medio local El Territorio, mediante análisis digital y geolocalización de la línea telefónica, se estableció la presunta vinculación del menor con el hecho.

Por disposición judicial, el menor fue notificado en presencia de su progenitor, quien entregó voluntariamente el teléfono celular para su secuestro y peritaje por parte de los especialistas en cibercrimen.

En la localidad de San Vicente, una docente detectó una inscripción en el baño de una institución educativa que advertía sobre un supuesto ataque. Las averiguaciones permitieron identificar a un estudiante de 13 años como presunto autor del mensaje intimidatorio. En este caso, la Justicia dispuso la notificación del menor a través de su madre y la intervención de las áreas correspondientes del sistema de protección.

En Dos de Mayo, el hecho más reciente involucró a un alumno de 14 años, señalado como presunto responsable de haber llevado un arma de fuego a un establecimiento educativo y exhibirla ante otros estudiantes.

La denuncia fue realizada por el rector del colegio, tras lo cual se secuestró un revólver calibre 22, entregado por el progenitor del menor. Por orden del Juzgado Correccional y de Menores interviniente, el adolescente fue notificado en presencia de su padre y entregado para guarda y custodia.

En los últimos días, se detectaron cerca de 100 intervenciones vinculadas a hechos de intimidación pública en escuelas de la provincia, con mayor concentración en la zona capital, seguida por otras localidades del interior. En varios procedimientos, se secuestraron elementos potencialmente peligrosos, como armas de fuego, proyectiles, cuchillos y objetos punzantes.

El abordaje incluye ciberpatrullaje, análisis de comunicaciones digitales, patrullajes preventivos y presencia activa en instituciones educativas, bajo lineamientos de la Jefatura de Policía ordenados, en Posadas, por la Fiscalía de Instrucción de Menores Uno a cargo de María Laura Álvarez.