La Vicegobernación y la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros del Chaco llevan adelante una serie de políticas públicas con el objetivo de reducir los índices de violencia por razones de géneros en todo el territorio provincial y promover la igualdad y el acceso equitativo a derechos para mujeres, identidades feminizadas y personas de las comunidades LGBTIQ+. Desde el inicio de la gestión, se trabaja en un abordaje de la problemática en el que se promueve un cambio del sistema estatal de protección para pasar a un abordaje integral con las nuevas generaciones desde donde se focaliza en las desigualdades estructurales. 

En cuanto a su definición, la violencia por motivos de géneros constituye una forma de violencia por discriminación. Es un fenómeno estructural, por lo que no constituye una conducta patológica de carácter individual. Se trata de una problemática histórica de raigambre cultural, se transmite en vínculos y modos de relación y se profundiza en sociedades con factores de exclusión y violencias. 

Según el artículo 5 de la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, se entiende por violencia contra las mujeres a “toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes”.

Para garantizar la atención se creó el sistema integral de protección, que cuenta con la plataforma víctimo-asistencial y sistema unificado de carga que permite ordenar las intervenciones, generando una base de datos y definiendo distintos niveles de riesgo y alertas. A partir de este sistema, se realiza la atención de urgencias que llegan desde la Línea 137 y la guardia de géneros, y luego se avanza en el seguimiento de casos incluyendo una evaluación de riesgo para el posterior tratamiento terapéutico de las personas que lo requieran a través del Centro de atención de víctimas de violencia. 

Actualmente, se encuentran registrados más de 5.583 casos, en los cuales se trabaja para evitar las violencias graves y femicidios, discriminados por niveles de riesgo. Puntualmente, se registraron 4.607 casos de violencia psicológica, 3.578 casos de violencia física, 1.045 casos de violencia económica y 806 de violencia sexual. De ese total de casos, el 40% corresponde a un nivel alto de riesgo, el 44,5% a un nivel moderado, y el 11,5% a un nivel bajo de riesgo. El sistema cuenta con 60 profesionales cumpliendo funciones en los tres niveles de atención.

Litigios estratégicos

El Gobierno además impulsa el programa de Litigios Estratégicos, para garantizar representación legal de personas en situación de violencia o causas que acompaña la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros y a través del cual se realiza la constitución como amicus curiae y revisión de sentencias. Además, entre 2021 y 2022 se avanzó en articulaciones con el Poder Judicial, apreciaciones técnicas y querellas, y se proyecta continuar avanzando en este sentido hacia 2023.

El programa de Litigios Estratégicos tiene entre sus funciones la realización de apreciaciones técnicas en expedientes, asesorar y acompañar casos, además de las constituciones como querellante tanto de la Secretaría en sí, como en representación de la persona en situación de violencia. También se avanza en la constitución como amicus curiae y en la revisión de sentencias. Actualmente el programa lleva adelante 41 querellas. En lo que va de 2022, el programa de Litigios Estratégicos realizó 62 intervenciones. De ese total, el 38.7% fueron intervenciones en asesoramiento, el 30.6% en articulación con el Poder Judicial, el 16.1% en constituciones como querellantes y el 14.5% en apreciaciones técnicas.

Otro de los ejes es el programa de formación destinado a la Policía del Chaco, en conjunto con la Escuela de Policías y el Ministerio de Seguridad y Justicia, en el que se trabaja en el abordaje psicosocial en la toma de denuncias con perspectiva de géneros, con el objetivo de evitar la revictimización. En esa misma línea, se desarrollan las capacitaciones en la temática de géneros y violencias contra las mujeres y personas LGBTIQ+ en el marco del Dispositivo Marilú, en la cual ya se capacitaron 350 agentes de la Línea 911.

Acciones en territorio para prevenir las violencias

Paralelamente, el Gobierno provincial avanza en la construcción de Centros de abordaje integral de las violencias por motivos de géneros junto a distintos municipios, como parte del proceso de descentralización de políticas públicas. En 2022 la provincia cuenta con tres centros de este tipo en funciones (en 2019 era solo uno), ubicados en las localidades de Fontana, Puerto Vilelas y Juan José Castelli. Además, se trabaja en el fortalecimiento estructural del centro “Cecilia Baroni” del barrio La Rubita, en Resistencia y son cuatro los centros que se encuentran en proceso, en distintos estadíos, para las localidades de Taco Pozo, Charata, General San Martín y Colonia Benítez. 

Además, se logró avanzar en la creación de áreas de géneros en 56 municipios de la provincia, lo que implica un incremento en un 82,2% en todo el territorio chaqueño. Esta iniciativa, en conjunto con el Programa de Promotores/as territoriales contra la violencia sexista, constituye otro de los pilares de las políticas de prevención. En ese marco, 400 promotores y promotoras de toda la provincia ya finalizaron la capacitación, y 800 más la continúan.

El programa tiene como objetivo principal reforzar los lazos comunitarios y potenciar su desarrollo para promover el pleno goce de los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTIQ+, mediante el dictado de capacitaciones, programas y talleres con perspectiva de derechos humanos y géneros. El trabajo de quienes se capacitan se basa en tareas voluntarias de difusión, promoción y circulación de los recursos y dispositivos oficiales de la provincia del Chaco para la atención y abordaje ante casos de violencias por motivos de género en sus comunidades, barrios, organizaciones sociales, políticas, fundaciones, clubes, entre otros.

Formación para reducir desigualdades

Uno de los ejes de las políticas públicas con perspectiva de género es la capacitación. En se sentido, la implementación efectiva de la Ley Micaela cobra relevancia, y es que ya suman 3600 las y los trabajadores estatales, tanto del ámbito ejecutivo provincial, legislativo, y de los 69 municipios, que participaron de los ciclos de formación.

Vale recordar que esta Ley nacional tuvo como principal ideóloga a la vicegobernadora chaqueña, y establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Se llama así en conmemoración de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, militante del Movimiento Evita, que fue víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner.

Otro de los ejes es el Plan Provincial de Igualdad de Géneros. Presentado en 2020 e implementado en todo el territorio provincial, el Plan tiene como objetivo “transversalizar el enfoque de género en las políticas públicas del gobierno provincial para garantizar la igualdad de géneros y la protección de los derechos humanos para todas las personas, el acceso y ejercicio de los mismos, el pleno desarrollo de sus potencialidades, capacidades individuales y colectivas, como así también la prevención y la eliminación de los obstáculos en materia de inequidades de género en todos los ámbitos del Gobierno provincial”.

Además, Chaco cuenta con el Plan provincial para prevenir y erradicar las violencias por motivos de géneros, que tiene como objetivo general a corto, mediano y largo plazo ejecutar acciones positivas de incidencia, tendientes a prevenir y erradicar la violencia por motivos de géneros en la provincia del Chaco, mediante el trabajo conjunto de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Educación Sexual Integral

Un punto destacado para la construcción de una sociedad libre de violencias es la implementación de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral, que establece el derecho de todos los y las estudiantes a recibir contenidos de educación sexual de manera integral en todas las escuelas del país desde el Nivel Inicial hasta la formación técnica no universitaria.

En ese sentido, se trabaja articuladamente con el Ministerio de Educación, y se contó con una participación activa en el Congreso ESI del Norte Grande, que contó con más de 3.000 participantes. Se trató de un encuentro plural y democrático, que tuvo como objetivo poner en valor las voces e ideas de estudiantes, docentes y la comunidad en general para debatir sobre la implementación de la ESI y sus diferentes aristas. Además, se trabaja en el abordaje de la temática desde espacios universitarios, y mediante encuentros con centros de estudiantes. 

Últimas medidas anunciadas

El pasado 3 de junio, fecha en que se conmemora la movilización y movimiento "Ni una menos", el Gobierno provincial anunció una asistencia económica urgente y transitoria para hijas e hijos de víctimas de femicidio, transfemicidio y travesticidio. La ayuda, será equivalente a un salario mínimo, vital y móvil. 

Otra de las medidas anunciadas, consiste en la convocatoria a organizaciones sociales especializadas a participar del programa Comunidades e Intendencias sin Violencia, que tendrá dos ejes: cuadrillas comunicacionales (un sistema de recorridas barriales, casa por casa y en lugares públicos) y capacitaciones (talleres, charlas y encuentros para la concientización y comunicación de las herramientas). 

Para áreas de mujeres y diversidades institucionalizadas que cumplan con los requisitos establecidos, se prevé un financiamiento en articulación con el presupuesto con perspectiva de género, de 250 mil pesos y para organizaciones de la sociedad civil con personería jurídica, un financiamiento de 150 mil pesos, para cumplir con estos objetivos. La inscripción estará disponible a través de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros desde el lunes 6 de junio.

Por último, se estableció la comunicación obligatoria de las líneas 137 y guardias de violencia de género (3624 970852) en todos los actos, actividades y eventos organizados o esponsorizados por organismos del Estado provincial. Se deberán comunicar los números de consulta, atención a víctimas y toma de denuncia en cartelería de obra, folletería impresa y otros formatos.