Uno de los aviones que se utiliz� en la represi�n a las comunidades Qom y Mocoi en 1924.
La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Resistencia, Chaco, impulsa ante los Tribunales Federales de esa provincia la realizaci�n de un juicio por la verdad tras finalizar la investigaci�n de la masacre de Napalp�, ocurrida en julio de 1924, sobre la cual se recolectaron testimonios de sobrevivientes y documentos hist�ricos que permitieron establecer que se trat� de un delito de lesa humanidad.

La Masacre de Nalpalp� tuvo lugar el 19 de julio de 1924, durante la presidencia del radical Marcelo T. De Alvear, cuando una formaci�n de 130 polic�as, gendarmes y grupos de paramilitares reprimieron con armas de fuego las protestas de integrantes de los pueblos Qom y Mocoi que formaban una comunidad en el paraje El Aguar�, en los departamentos Quitilipi y 25 de Mayo, en la zona central del Chaco.

El Equipo Argentino de Antropolog�a Forense tuvo a su cargo la investigaci�n de los restos.
La orden dada por el gobernador del entonces territorio nacional del Chaco, Fernando Centeno, pas� por acallar el reclamo de integrantes de pueblos originarios y de criollos que resid�an en las inmediaciones y que exig�an una justa retribuci�n por la cosecha de algod�n, como tambi�n poder salir a trabajar hacia los ingenios de Salta y Jujuy, donde se ofrec�a una mejor paga.

"Despu�s de llevar a cabo una larga investigaci�n concluimos que est�bamos ante un delito de lesa humanidad y que hab�a que realizar una sentencia hist�rica para las v�ctimas de esta masacre", subray� en declaraciones a T�lam el fiscal Diego Vigay, integrante de la Unidad Fiscal de DDHH que en 2014 inici� una investigaci�n sobre esos hechos.

Vigay y los fiscales Federico Carniel, Carlos Amad y Patricio Sabadini presentaron hace poco menos de dos semanas un pedido ante el Juzgado Federal N� 1 de Chaco para que se realice este proceso.

Los acusadores consideran que los hechos investigados constituyen cr�menes de lesa humanidad, por lo que la masacre debe tener un juzgamiento en funci�n de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino.

"Los posibles imputados est�n muertos, no pueden ser juzgados, pero el Estado tiene la obligaci�n de llegar a una verdad hist�rica. Eso fundamenta la necesidad de este juicio", fundament� Vigay.

Seg�n la informaci�n recabada por historiadores, sumada al expediente por la Unidad Fiscal, se estima que durante 45 minutos la polic�a tir� m�s de 5 mil balas de fusil sobre la poblaci�n de Napalp�.

Se calcula que hubo m�s de 400 muertos entre integrantes de comunidades originarias y cosecheros de Santiago del Estero, Corrientes y Formosa, aunque el 90 por ciento de todos los asesinados pertenec�an a las etnias Qom y Mocoi.

Tras una ardua tarea pudieron determinar identidades.
Unos 38 ni�os lograron escapar de la matanza aunque muchos de ellos terminaron reducidos a la servidumbre en los poblados de Quitilipi y Machagai, mientras que el resto muri�, y tan solo 15 adultos lograron sobrevivir.

Entre esos testimonios de los supervivientes se encuentran los de Pedro Balquinta y Rosa Grillo, quien tiene m�s de 100 a�os y en la actualidad es la �nica persona viva que presenci� aquel genocidio.

La idea del juicio de la verdad planteada por estos funcionarios del Ministerio P�blico Fiscal remite a los procesos de este tipo que se llevaron a cabo a fines de '90 y principios del 2000, con el prop�sito de recabar informaci�n sobre el destino de los detenidos desaparecidos.

Esos juicios se realizaron cuando estaban vigentes las leyes de impunidad del Punto Final y Obediencia Debida, sancionadas durante el gobierno de Ra�l Alfons�n, y los indultos presidenciales a los genocidas de la �ltima dictadura que dict� Carlos Sa�l Menem.

"Los juicios de la verdad en esos a�os los hicieron juzgados de instrucci�n y tribunales orales", record� Vigay en di�logo con esta agencia, y luego plante� que con el proceso a iniciarse por los hechos de Napalp� se pretende que el juicio "tenga una difusi�n amplia que colabore con el establecimiento de una verdad hist�rica".

"Los testimonios de los sobrevivientes que llegaron a declarar est�n grabados y no har� falta que Rosa sea llevada a un Tribunal. Durante estos a�os tambi�n recabamos informaci�n de parte de hijos y nietos, que hablan del caso en primera persona del plural. Es un caso muy interesante de transmisi�n oral, que muestra que las comunidades a�n siguen padeciendo este genocidio", a�adi� Vigay.

Para desarrollar el eventual juicio, la Fiscal�a piensa citar a historiadores, presentar documentaci�n, presentar testigos de contexto y tomar las declaraciones de quienes realizan indagaciones en el campo, como los integrantes del Equipo Argentino de Antropolog�a Forense (EAAF) que trabajaron para esta investigaci�n.

Los trabajos del EAAF se llevaron a cabo en 2019.
"Fuimos a trabajar en la zona en 2018, por impulso del historiador Juan Chico -recientemente fallecido-, la Fundaci�n Napalp� y convocados por la Fiscal�a. Visitamos los sitios, hicimos se�alamientos y obtuvimos informaci�n sobre la existencia de restos humanos en fosas comunes", relat� a T�lam Silvia Turner, integrante del EAAF.

Y sobre el relevamiento realizado en el lugar de la masacre, agreg�: "Estamos en la etapa de agostar los puntos de b�squeda. Lamentablemente, la pandemia interrumpi� el trabajo que ven�amos haciendo y esperamos reanudarlo este a�o".

Turner cont� que en 2019 se lograron identificar restos de una v�ctima, enterrada a poca profundidad en el terreno de una vivienda que fue escenario de la masacre ocurrida en 1924.

"La identificaci�n que hacemos es colectiva y es la que nos permite ratificar que se produjo una masacre. La etapa que sigue es rastrear la zona con geolocalizadores, analizar las irregularidades en las capas geol�gicas y comenzar las b�squedas de fosas comunes", indic�.

Como prueba del contexto hist�rico, los fiscales mencionaron tambi�n una investigaci�n sobre la Masacre del Zapallar contra poblaci�n ind�gena, ocurrida en 1933 en la provincia de Chaco, y que cuenta con datos aportados por el investigador Rub�n Gillon.


En su investigaci�n, la Fiscal�a encontr� entre los principales responsables de los hechos al entonces presidente Alvear, a su ministro del Interior, Vicente Carmelo Gallo; al gobernador interventor de Chaco, Fernando Centeno, y al administrador de la reducci�n Napalp� (zona en la que una comunidad aborigen era confinada por el Estado), Mario Arig�, entre otros autores materiales e intelectuales.

"Creemos que este a�o podremos tener una decisi�n del Juzgado para que este juicio de la verdad pueda realizarse", concluy� Vigay en di�logo con esta agencia.