El caso de la masacre de pingüinos en Punta Tombo finalmente podría tener un cierre en los próximos días tras la audiencia que se llevó a cabo este martes en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut. Allí, el máximo tribunal escuchó los argumentos de la fiscalía contra el empresario Ricardo La Regina, condenado por la matanza de cientos de ejemplares y destruir un ecosistema completo en 2021.

La Regina apeló por tercera vez la condena que recibió, tanto en primera instancia como la que fue ratificada por la Cámara de Apelaciones de Trelew, por los delitos de daños agravados �tres hechos en concurso real� y crueldad animal.

La sentencia impuso al productor rural una pena de tres años de prisión condicional, con estrictas reglas de conducta, incluyendo la prohibición de transitar con vehículos pesados en zonas ecológicamente sensibles y la obligación de participar en tareas de restauración ambiental en la estancia La Perla. Además, se ordenó el decomiso de la retroexcavadora utilizada en los delitos.

Todo se remonta a hechos que ocurrieron entre el 10 de agosto y el 4 de diciembre de 2021, cuando utilizando retroexcavadoras para la apertura de caminos y desmontes en áreas protegidas cercanas a Punta Tombo, sin autorización ni estudio del impacto ambiental, afectó a una zona de nidificación del pingüino de Magallanes.

En ese sentido, la acusación sostiene que La Regina causó la destrucción de al menos 175 nidos y la muerte de 105 pingüinos de Magallanes. El daño incluyó la ruptura del ecosistema y una afectación directa a la biodiversidad local, impactando de forma irreversible sobre la fauna y flora protegidas de la región.

Según la investigación que llevaron adelante la fiscal jefe Florencia Gómez y la fiscal de impugnación Silvia Pereira Dos Santos, se estima que La Regina impulsó la apertura de un camino de aproximadamente 930 metros de longitud y hasta seis metros de ancho, conocido como "Camino A", en el sector de Punta Clara.

Esta obra, que se realizó entre el 10 y el 14 de agosto de 2021, produjo la remoción de hasta 40 centímetros de la capa superficial del suelo, destruyendo hábitats reproductivos de fauna autóctona y vegetación nativa. Las tareas se ejecutaron en una zona considerada de alta densidad de nidos de pingüino de Magallanes, lo que resultó en la afectación directa de sitios clave para la conservación de la especie.

Posteriormente, entre el 10 y el 14 de septiembre del mismo año, el productor local avanzó con la apertura de un nuevo trazado, identificado como "Camino B", junto con tareas de desmonte adicionales. Estas acciones se realizaron sobre sectores donde predominan arbustos y nidos de pingüinos, algunos de los cuales se encontraban activos, con ejemplares adultos y crías presentes.

A estos hechos se sumó la instalación de un alambrado electrificado de 900 metros de extensión entre el 26 de noviembre y el 4 de diciembre de 2021, levantado sobre áreas de nidificación de pingüinos. Esta barrera impidió la libre circulación de los animales y el acceso de los adultos a sus crías durante el período reproductivo. La presencia del cerco supuso una amenaza adicional para la supervivencia de los ejemplares y generó un impacto negativo en el ciclo biológico de la especie, agravando aún más el daño ecológico en una zona reconocida por su valor ambiental y de conservación.

Según el tribunal, La Regina es responsable por los daños provocados durante los hechos mencionados anteriormente, pero solo en este último caso fue hallado culpable de crueldad animal. En los otros dos hechos, fue absuelto de este último delito.

En ese marco, las acciones de La Regina tienen el agravante de que se dieron en un sector intervenido que integra la Reserva de Biosfera Patagonia Azul, reconocida por la UNESCO como núcleo de conservación de la biodiversidad y hábitat fundamental para el pingüino de Magallanes. Punta Tombo es reconocida internacionalmente como la mayor colonia continental de pingüinos de Magallanes.

Este reconocimiento internacional subraya la importancia de la zona no solo para la preservación de especies emblemáticas, sino también para el equilibrio del ecosistema costero patagónico. La afectación directa sobre nidos, vegetación y corredores naturales en este entorno representa un riesgo para la continuidad de la especie y compromete el valor de conservación que justifica la protección especial de la región.

En diálogo con Infobae, la fiscal de la causa, Florencia Gómez, señaló: "Después de cinco años de proceso, que es muchísimo tiempo, necesito que se confirme la condena para dejar doctrina latinoamericana en impacto ambiental". Esto se debe a que se trata de la primera vez que se condena a un individuo por actuar contra el medioambiente y podría dejar jurisprudencia no solo en la Argentina, sino en la región.

Asimismo, sostuvo que esto tiene "importancia para todas las ONG, para la red argentina de fiscales ambientales, para todas las fiscalías, para todos los jueces" y aclaró que existe una "necesidad de que siente el precedente de impacto ambiental y de crueldad animal".

Dentro de los especialistas que declararon en la investigación, participaron organizaciones como National Geographic Society, a través del análisis satelital realizado por el geógrafo Sam Guilford, UNESCO, Global Penguin Society y la consultora internacional RESILIENCE.

Por otro lado, este caso abrió el debate sobre la figura de ecocidio y la importancia que puede tener su inclusión en el Código Penal en caso de futuros casos.

"Era el caso el caso de laboratorio para la figura de ecocidio. Logré acreditar en juicio, después de la intervención de más de 92 expertos en distintas materias, que se había impactado en una colonia de reserva biósera, donde se arrasó y hay zonas que son irrecuperables. Entonces, después de una investigación que me llevó más de tres años, tuve que acusar por un tipo penal mínimo, que es el delito de daños agravados, cuando tendría que haber contado con la figura de ecocidio, con una escala penal mucho más gravosa, y el imputado hoy en día estaría en prisión preventiva", explicó la fiscal.

En tanto, remarcó que "hasta que el Congreso no apruebe ley coherente de ecocidio, no vamos a tener nada los fiscales" y añadió: "Seguimos en la misma, con una ley de crueldad animal de 1954, que no contempla todo y cada uno de los casos, donde tiene el delito, la pena más grande del delito por matar a un animal es de un año. Una locura".

Y sobre el caso Tombo, aclaró: "Dejó en evidencia la falta de legislación, indicó el límite. No hay derechos absolutos. El derecho de la propiedad, como todo derecho, no es absoluto. Hay límites legales y límites morales. El límite legal y moral es que él, siendo dueño de estancia o no, no tenía ningún derecho a destruir, a compactar, a decapitar 2049 metros cuadrados de pingüinera en una zona de alta densidad de nidos y destruyó todo".

Los cinco ministros del máximo tribunal de Chubut, Mario Vivas, Camila Banffi, Silvia Bustos, Ricardo Napolitani y Javier Raidan, tienen ahora en sus manos la resolución definitiva del caso, que podría confirmar la condena o absolverlo. No hay un tiempo establecido para la definición de los magistrados, aunque todo el mundo esté mirando.