20 de diciembre de 2022
Moreau reclamó responsabilidad penal por el viaje a Lago Escondido
El legislador del Frente de Todos señaló a las empresas Telecom, Clarín y Hidden Lake S.A. como pasibles de una investigación por los supuestos delitos de "cohecho y tráfico de influencias".
La responsabilidad penal por el viaje a Lago Escondido de jueces, fiscales, empresarios de medios y exagentes de inteligencia "debe llegar hasta las empresas involucradas", plante� a T�lam el diputado Leopoldo Moreau, y record� que la ley 27.401 establece qu� figuras delictivas deber�an aplicarse a las personas jur�dicas ante hechos como el investigado por el Juzgado Federal de Bariloche.
El legislador del Frente de Todos se�al� a las empresas Telecom, Clar�n y Hidden Lake S.A. (Lago Escondido) como pasibles de una investigaci�n por los supuestos delitos de "cohecho y tr�fico de influencias" a partir de su participaci�n -directa o indirecta- en la organizaci�n de la excursi�n VIP al sur del pa�s.
La ley 27.401 establece el r�gimen de responsabilidad penal aplicable a las personas jur�dicas privadas, sean de capital nacional o extranjero, con o sin participaci�n estatal, y "prev� sanciones que van desde la suspensi�n de actividades de 2 a 10 a�os a la quita de beneficios estatales como la publicidad oficial, y las penas se agravan son permisionarias de servicios p�blicos", detall� Moreau.
El diputado pidi� adem�s la ampliaci�n de la denuncia en el expediente que encabeza la jueza federal subrogante de Bariloche Silvina Dom�nguez y que investiga la posible comisi�n de los delitos de "incumplimiento de los deberes de funcionario p�blico y aceptaci�n de d�divas".
En di�logo con esta agencia, Moreau consider� que tanto el viaje a Lago Escondido como los mensajes intercambiados por los participantes del vuelo "son la confirmaci�n de lo que presum�amos y sab�amos, la existencia de una mafia medi�tico-judicial que est� operando en el pa�s hace muchos a�os".
Asegur� asimismo que esa "mafia" cumple "un doble rol", ya que por un lado "tiene un papel fundamental en la persecuci�n al movimiento popular argentino y sus dirigentes m�s destacados" y por otro "desde 2019 cumple una tarea relevante en garantizar la impunidad respecto a las irregularidades institucionales y econ�micas que se cometieron durante el macrismo".
Para Moreau, el viaje y los mensajes filtrados de los grupos de Telegram que crearon los viajeros "muestran imp�dicamente c�mo jueces y fiscales intercambian favores con un Grupo (empresario) cuyas actividades trascienden los medios de comunicaci�n y abarca un monopolio en materia telef�nica, de base de datos, de prestaci�n del servicio de internet y de plataformas".
En la causa est�n imputados los jueces Juli�n Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Yadarola y Pablo Cayssials; el fiscal general de CABA, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Seguridad y Justicia porte�o, Marcelo DAlessandro; el exagente de la AFI Leonardo Bergroth; el empresario Tom�s Reinke y los directivos del Grupo Clar�n Pablo Casey y Jorge Rendo.
La causa judicial se inici� a partir de la denuncia efectuada el 24 de octubre por el abogado Marcelo Hertzriken Velasco ante la fiscal�a federal de Bariloche que subroga Mar�a C�ndida Etchepare.
El abogado bas� su presentaci�n en un art�culo publicado por P�gina/12 el 17 de octubre en el que se inform� por primera vez sobre la realizaci�n de un viaje -efectuado cuatro d�as antes, el 13 de ese mes- compartido por jueces, fiscales y funcionarios porte�os a Bariloche que incluy� una estad�a en Lago Escondido, en la estancia de propiedad del magnate brit�nico Joe Lewis.
Luego se filtraron los mensajes de texto y audio que los viajeros m�s los directivos del Grupo Clar�n Casey y Rendo empezaron a enviarse a trav�s de la aplicaci�n Telegram desde el mismo d�a en que P�gina/12 public� la nota.
De esos chats se desprende que los involucrados perge�aron estrategias para evitar la acusaci�n por el delito de "d�divas": hablaban de obtener facturas antedatadas, propon�an unificar una versi�n -todo indica que falsa- sobre la raz�n del viaje, mencionaban que era necesario hablar con periodistas y due�os de medios para frenar o direccionar las repercusiones.
Incluso se ufanaban -en el caso del jefe de los fiscales de CABA, Juan Bautista Mahiques- de haber hablado con la fiscal Etchepare, quien hab�a mostrado "buena predisposici�n" para aceptar medidas de prueba y habr�a garantizado que enviar�a el expediente a los tribunales federales de Comodoro Py.
Sobre la labor de la fiscal en la causa, Moreau sostuvo que "su mejor defensa es actuar con transparencia y sin dejarse presionar" pese a la menci�n que hicieron de ella en los chats que se difundieron por varios medios, y en el mismo sentido destac� que Etchepare "se neg� a cambiar algunos p�rrafos de la imputaci�n, tal como le sugiri� el procurador interino Eduardo Casal, quien la mand� a llamar de inmediato a su oficina en Buenos Aires".
Por otro lado, el diputado del FdT cuestion� que durante la cena anual de la Asociaci�n de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional "ni el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, ni el presidente de la Asociaci�n, Marcelo Gallo Tagle, hicieran referencia a este caso, que es el m�s escandaloso de la historia judicial argentina".
"Ninguno dijo nada, y no me refiero a los chats sino al viaje en s� mismo, que viola las normas b�sicas de la magistratura", puntualiz� Moreau.
El expediente que tramita en el Juzgado Federal de Bariloche contiene hasta el momento una serie de medidas tendientes a determinar qui�n o qui�nes financiaron la escapada VIP de "los huemules", como se llamaban a s� mismos en los chats los participantes del viaje a Lago Escondido.
Para ello, la fiscal Etchepare tom� testimonio al administrador de la estancia Lago Escondido, Nicol�s Van Ditmar, a quien en las fotos y filmaciones del aeropuerto de Bariloche se ve recibiendo a los viajantes, junto a Casey y Rendo.
En el pedido de imputaci�n, la fiscal dej� constancia que tras el requerimiento del ministerio p�blico Van Ditmar present� "facturas emitidas en favor de algunos de los denunciados (a excepci�n de Bergroth y Reinke) por la suma de 605 d�lares cada una".
Para Etchepare, "los documentos evidencian una clara discordancia con el momento en que se habr�an alojado en el establecimiento, ya que el servicio se brind� los d�as 13, 14 y 15 de octubre, mientras que los comprobantes datan del d�a 28".
El 12 de diciembre �ltimo, la jueza Dom�nguez encabez� un allanamiento en las instalaciones de Lago Escondido que se extendi� por m�s de doce horas y en el que las fuerzas federales secuestraron tel�fonos celulares y documentaci�n, tanto administrativa como de la facturaci�n del lugar.
Paralelamente, en la localidad bonaerense de San Fernando se concret� una diligencia similar en las oficinas y el hangar de la empresa Servicios y Emprendimientos Aeron�uticos SA -cuyo nombre de fantas�a es Flyzar-, propietaria del avi�n en el que viajaron hasta Bariloche Ercolini, Bergroth, Reinke, Juan Mahiques, DAlesandro, Carlos Mahiques, Yadarola y Cayssials.
Flyzar present� facturas "muchas de ellas datadas el mismo 13 de octubre por la suma de 120.000 pesos, a excepci�n de las que corresponden a Bergroth, de fecha 17 y 19 del mismo mes, por la suma de 120.000 y 60.000 pesos, respectivamente".
"Llama la atenci�n que en todos los casos los pagos figuran como efectuados en la modalidad contado y que el pago se realizara el mismo d�a del vuelo", advirti� la fiscal sobre este punto.
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