“Esta es una causa que si bien al carátula es Asociación Ilícita nosotros la tenemos identificada como la causa que tiene que ver con la complicidad judicial con el terrorismo de Estado”, contó Vigay en declaraciones a RADIO CIUDAD.

Y recordó que la causa “se inició a partir de un requerimiento de instrucción que hizo la Unidad de Derechos Humanos en su momento donde existen una serie de testimonios de víctimas de detenidos políticos del Centro Clandestino de la Brigada de Investigaciones que de una u otra manera

involucraban a funcionarios judiciales en lo que era su actuación con crímenes de lesa humanidad”.

“Ese requerimiento era una ampliación de una imputación original que se había hecho desde la fiscalía federal por el delito de Asociación Ilícita. Eso tuvo una instancia de recolección de pruebas, donde hubo un número muy importantes de testimonios, fundamentalmente las víctimas de estos delitos”, indicó.

Vigay comentó que todo esto “determinó un procesamiento del juez (Carlos) Skidelsky por distintos delitos y por el delito de asociación ilícita con oficiales del ejército policías del Chaco”. “Esto tuvo instancia de apelación en la Cámara Federal de Resistencia, donde la Cámara Federal consolidó el procesamiento de lo que hace a los delitos menores y revocó en lo que resulta la Asociación Ilícita. El Juzgado volvió a insistir, la Cámara Federal volvió a rechazar y ahora es la Cámara de Casación Penal, luego de una apelación nuestra, quien debe resolver”, sostuvo.

“Nosotros entendemos desde la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal que el resto de los delitos que está con procesamiento firme y auto de elevación firme creemos que podría elevarse al tribunal oral por parte de la Jueza (Zunilda) Niremperger para llevarse adelante el juicio oral sin desmedro de que la Cámara de Casación resuelva la cuestión de la Asociación Ilícita”, afirmó.

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